05 May

Centros Sociales de la Compañía de Jesús piden se respete la Ley Electoral vigente

Ante la intranquilidad e incertidumbre que ha producido la inclusión de máquinas electrónicas no auditadas, ni probadas con el suficiente tiempo, para el conteo de los votos en el próximo certamen electoral del 15 de mayo, la Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús (Solidaridad Fronteriza, CEFASA y Centro Bonó) pide, en ejercicio de su deber ciudadano protegido constitucionalmente (Const., art 75, par. 12), que se respete lo establecido en la ley electoral 275-97 para el escrutinio en los colegios electorales, que textualmente dice:

Artículo 126.- ATRIBUCION DEL COLEGIO ELECTORAL. Terminada la votación, se procederá al escrutinio de los votos, el cual estará a cargo de cada colegio electoral, sin que éste pueda en ningún caso, delegar o encomendar sus operaciones a personas extrañas al mismo, ni suspenderlas.

Artículo 127.- PROCEDIMIENTO DEL ESCRUTINIO. Se abrirá la urna y se sacarán de ella las boletas que hubieren sido depositadas, contándolas, para confrontar su número con el de electores que hubieren votado según los inscritos en el formulario especial de concurrentes. Se pondrán aparte los sobres que contengan boletas protestadas, y se verificará si el número de éstos coincide con el número de declaraciones de protestas que hayan sido presentadas, y con las anotaciones hechas al respecto en el acta del colegio electoral. Los sobres que contengan boletas protestadas serán empaquetados sin abrirlos. Luego, el secretario desdoblará la boleta leyendo en alta voz la denominación de la agrupación o partido a que corresponda la boleta y pasando ésta al presidente, quien la examinará y exhibirá a los demás miembros y delegados presentes.

Ninguna persona ni institución están por encima de la ley. Los servidores públicos y los que aspiran a cargos electivos deben de destacarse ejemplarmente por su apego a la legalidad. Solicitamos a los voceros de los partidos políticos y a la prensa comprometida con determinados partidos políticos, que no reproduzcan interpretaciones sesgadas de los artículos anteriores ni siembren intranquilidad con sus intervenciones en la esfera pública. Rogamos encarecidamente a la Junta Central Electoral que acoja administrativamente los reclamos de diversos sectores sociales con respecto a este punto. Su tarea de juez imparcial se ve afectada cuando sus máximas autoridades descalifican con palabras informales las observaciones y propuestas que emanan de la sociedad y de los partidos en contienda.

En caso de que se produzcan impugnaciones de los delegados partidarios en los colegios electorales, deberá respetarse lo establecido por el artículo 133 de la ley electoral acerca del derecho a verificación, que dice: “Cualquier representante de agrupación o partido político que haya sustentado candidatura podrá verificar, en presencia del colegio, cuando así lo solicite, el contenido de una boleta que haya sido leída”. Este derecho, sin embargo, no deberá usarse como pretexto para provocar incidentes durante el escrutinio.

Entendemos que la JCE debe proceder inmediatamente a adecuar el manual Instructivo Electoral 2016, que fue entregado a los responsables de los colegios electorales. Deben reformularse los puntos que son inconsistentes con la ley vigente (específicamente, deben reformularse los números 9 al 22, de la Tercera etapa del escrutinio, págs. 23-24). Una vez realizadas estas correcciones, se deben de comunicar convenientemente y sin mayores dilaciones a los responsables de los colegios.

El conteo de un voto puesto boca abajo para el scanner (pág. 31) violará la actual legislación electoral si antes no es leído en voz alta por el secretario del colegio y mostrado por su presidente. El conteo electrónico previsto en la ley (art. 6, letra d), no anula el procedimiento establecido en el artículo 127. El costoso sistema electrónico adquirido ha de servir como un instrumento que auxilia el conteo de la votación, hasta tanto la legislación electoral dominicana no sea cambiada. La resolución de la Junta que estableció todos estos procedimientos no puede estar por encima de la ley vigente, aun cuando esta pueda considerarse obsoleta en diversos puntos.

Unas elecciones transparentes y pacíficas son materia de bien común. Todas y todos debemos colaborar para que el certamen electoral se desenvuelva pacíficamente y nuestra vida democrática salga fortalecida. Todos sin excepción debemos observar la institucionalidad de la Junta Central Electoral expresada en sus estatutos constitutivos. La paz reinará si todas las personas implicadas en el proceso electoral respetan el ordenamiento legal vigente desde sus respectivas posiciones.

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