01 Nov

Defendamos nuestra soberanía nacional

Por: Padre Roberto Guzmán, director de CEFASA y del Centro Bellarmino

A partir de la sentencia del Tribunal Constitucional de la República, que niega la nacionalidad a los hijos de extranjeros radicados en el país desde hace décadas, argumentando que sus padres estaban en tránsito y aplicando la ley de manera retroactiva; dado que la Constitución de la República, reformada en el 2010, no hablaba de ilegales y proclamaba que son dominicanos todos los nacidos en territorio dominicano, siempre y cuando no pertenezcan a una delegación diplomática o que sus padres estén en tránsito; entiéndase en tránsito aquella persona que está de paso por un país, que toca suelo para cambiar de avión, de barco o que se queda varado por alguna razón, pero que esa situación no dura mucho tiempo. Lo que ha pasado en el país es que se ha querido denominar en tránsito a personas que llevan décadas viviendo en el país y que fueron traídos por el propio Estado Dominicano, para el corte de la caña. Esta situación ha provocado que muchos hijos de migrantes radicados en el país, desde hace muchas décadas, se vean afectados en su identidad y violados en sus derechos fundamentales.

Quiero dejar claro que el país es soberano y que puede tomar cuantas medidas sean necesarias para aclarar quiénes son dominicanos y dominicanas, pero este legítimo derecho que tiene el país no significa que podamos violar los derechos de las personas. El hecho de ser soberanos no nos puede poner en la posición de violadores de los derechos de la gente; tenemos que preservarlos, porque esto será lo que nos de fuerzas para defender nuestra soberanía. No podemos defender la soberanía violando los derechos de nuestra gente.

El país tiene derecho a saber quién entra y quién sale y a regular dichas entradas y salidas, a lo que no tiene derecho el país es a tratar como a cosa a las personas que pisan suelo dominicano. Como Institución estamos de acuerdo con las deportaciones de extranjeros irregulares, siempre y cuando infrinjan la ley, lo que exigimos  es que se haga con el debido respeto, sin vulnerar sus derechos fundamentales y respetando los protocolos a los que el país se ha comprometido al respecto.

En estos momentos se está hablando del Plan de Regularización, como si se tratara de algo nuevo y como si fuera un mandato de la reciente sentencia. Como institución, lo hemos promovido y hemos hecho propuestas y hemos denunciado que el país está dejando de percibir más de siete mil trescientos (7, 300) millones de pesos por año, por no implementar el Plan de Regularización que está mandado desde el 2007. Este mandato ha sido ignorado por las autoridades de Migración, de la Junta Central Electoral y por los demás estamentos estatales.

El Plan de Regularización es lo ideal para resolver el problema de las personas que viven en este país de manera irregular. Es una necesidad que tendría que haber sido resuelta hace mucho tiempo, pero hay que dejar claro que la aplicación del Plan de Regularización no resuelve el problema de los nacidos en territorio dominicano. El Plan de Regularización es para los extranjeros, no para los que por derecho son dominicanos.

La sentencia del Tribunal Constitucional ha sido defendida con argumentos que no tienen mucho asidero, porque desde el punto de vista del derecho es imposible defenderla y desde el punto de vista humano más imposible todavía. Por eso, sus artífices han recurrido al nacionalismo y a otros mecanismos de presión, porque saben que muchas personas se les adherirán, aunque no entiendan lo que están defendiendo y aunque se adhieran a un grupo que está violando los derechos fundamentales de todos los afectados por la sentencia.

Los que defienden la sentencia, han querido dividirnos con sus argumentos, entre malos dominicanos y buenos dominicanos.

Los buenos son los que defienden la sentencia, aunque a todas luces es violatoria de los derechos de las personas, porque está promoviendo aplicar la ley de manera retroactiva y porque despoja de sus documentos a personas que los han adquirido por pleno derecho y quieren cargarle una responsabilidad estatal de la que ellos no son responsables. Al querer aplicar la de manera retroactiva, violan la Constitución de la República, que dice “ninguna ley debe aplicarse de manera retroactiva, a menos que sea a favor de la persona”.

Los malos dominicanos somos los que estamos del lado de los que están siendo violados, del lado de aquellos que no tienen partidos políticos para defenderse, de los que no tienen Congreso para que haga leyes a su favor, de los que no tienen poder en Migración para que se aplique la ley de manera correcta y de los que no tiene una Junta Central Electoral que le de la fuerza para promover sus ideas y crear mecanismos que le permitan divulgar su verdad.

Quiero dejar claro, como director del Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA) y como persona, que asumo el reto de ser “mal dominicano” si esto me permite estar del lado de los pobres y defender sus derechos fundamentales.

Hago un llamado a todas las personas de buena voluntad, que se sienten llamadas a estar al lado de los que están siendo despojados de sus derechos, a no dejarse crear mala conciencia, ustedes están en el camino correcto, sigamos defendiendo nuestra patria, poniéndonos del lado de los más pobres, aunque esto nos  ponga de frete a los “buenos dominicanos” que violan los derechos fundamentales de sus propios hermanos.

DEFENDAMOS NUESTRA SOBERANÍA NACIONAL, SIN VIOLAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE NUESTRA GENTE.

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