19 Feb

CEFASA presenta investigación sobre condición y aportes de la mano de obra de origen haitiano a la economía dominicana

El marco legal dominicano fomenta la irregularidad migratoria. De transparentar y ordenar la situación, el Estado recibiría  RD$7.300 millones adicionales cada año.

El libro “Condición y aportes de la mano de obra de origen haitiano a la economía dominicana” muestra un empresariado que está ávido de tener un trabajador migrante documentado y legal y a un Estado que experimenta contradicciones entre la mano de obra que necesita el país para la producción y su disposición para regularizarla. Así lo expresó el padre jesuita Roberto Guzmán, director del Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA) durante la presentación del estudio en el Edificio Empresarial de Santiago.

La investigación realizada por CEFINOSA, describe, mide y analiza el impacto económico de la mano de obra haitiana y dominicana indocumentada de ascendencia haitiana en los procesos productivos de caña de azúcar, arroz, café, banano, construcción y la economía informal. Además analiza la política migratoria y el estatus legal de los trabajadores haitianos y su descendencia, así como los mercados binacionales, la presencia de la comunidad haitiana en las universidades y el gasto social.

En el acto de presentación del libro “Condición y aportes de la mano de obra de origen haitiano a la economía dominicana”, Saúl Abreu, responsable del renglón “Asuntos migratorios”, expresó que la solución a la inmigración haitiana y regularización del estatus de su descendencia es uno de los grandes retos jurídicos, sociales y económicos de la sociedad dominicana.

“La falta de controles en la frontera y la forma poco transparente del ingreso de haitianos a territorio dominicano, impide cuantificar la mano de obra haitiana en el país, que se sitúa en más de un millón de personas, más del 99 por ciento con estatus migratorio irregular. A esto se une los cientos de miles de descendientes de nacionales haitianos nacidos aquí, a quienes se les niega o dificulta el derecho a la nacionalidad, colocándolos en situación de vulnerabilidad, al  impedírseles el derecho al nombre y  acceso a educación y al ejercicio de sus derechos civiles, en violación a tratados internacionales y normas jurídicas internas”, manifestó el especialista.

Luego, el consultor empresarial y presidente de CEFINOSA, Agustín González, dijo que Haití es el segundo socio comercial de República Dominicana y uno de los mayores proveedores de mano de obra para la economía y la necesidad de ésta a bajo costo y las desigualdades que se encuentran en la isla alimentan el fenómeno de las migraciones, que no encuentra forma de regularización en la política de los dos países.

“Para el Estado Dominicano y el futuro de su sociedad, los costos educativos, de salud y laborales que asumiría al regularizar la condición migratoria de los inmigrantes y al dotar de documentos a los dominico-haitianos, serían significativamente inferiores a los beneficios que se obtendrían a mediano y largo plazo al contar con una población más instruida, productiva y consciente de su rol social”, afirmó González.

A su juicio, la incorporación de los inmigrantes haitianos, y de los dominicanos indocumentados de ascendencia haitiana, al régimen de la seguridad social, contribuirá a fortalecer las finanzas del sistema y le colocarán en mejor posición para responder a los reclamos de pensiones y jubilaciones de la población trabajadora que se retire por asunto de edad.

“Sumando  el aporte patronal y retenciones por pago de los trabajadores ubicados en banano, arroz, café, caña de azúcar y el sector de la construcción, el sistema de seguridad social  recibiría  RD$7.300 millones adicionales cada año. Mientras tanto, el Estado gasta miles de millones de pesos en pacientes indocumentados que podrían costearse sus gastos si estuvieran regularizados, pagando ellos mismos y sus patronos los aportes a la seguridad social”, declaró el consultor empresarial.

Seminario de reflexión

Davide Sala, coordinador del área de Derechos Humanos e Incidencia de CEFASA aseguró que los trabajadores de origen haitiano son la base de los procesos productivos de seis sectores analizados en la investigación, que aportan más del 14% del PIB dominicano. Informó que estos sectores emplean directamente más de 365.000 obreros con estatus migratorio laboral irregular en más del 99% de los casos.

“Urge buscar el punto de inflexión entre realidades de hecho con situaciones de derecho, para no afectar a la economía dominicana en forma sensible y respetar los acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos a los que la República Dominicana se ha comprometido”, explicó.

Sala informó que CEFASA, junto con instituciones de la Red Jesuita con Migrantes, propondrán un seminario para discutir el documento “Compromiso Social y Político por un Nuevo Modelo de Gestión de Migraciones en República Dominicana”. Además, analizar junto a las autoridades dominicanas aspectos del “Borrador Informe para la Preparación del Plan Nacional de Regularización”.

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