14 Sep

Por un presupuesto 2013 centrado en la inversión social y no en las directrices del Fondo Monetario Internacional

Ante el inminente debate sobre el Pacto Fiscal, el Presupuesto General del 2013 y el anunciado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las organizaciones sociales y  populares del país, anunciamos la decisión de unir nuestros esfuerzos para formular una propuesta que tenga como centro de atención la superación de la pobreza y la desigualdad económica y social y el desarrollo sostenible.

Desde las bases de la sociedad, las organizaciones laborales, campesinas y de la economía solidaria, así como de otros actores del territorio, la juventud y las mujeres; organizaciones académicas, ecologistas y movimientos ciudadanos que expresan reclamos sectoriales, representando la amplia sociedad civil dominicana, hacemos el compromiso de sostener en las discusiones con el gobierno los postulados y principios aprobados por el pleno del Consejo Económico y Social.

La Constitución de la República consagra el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la toma de decisiones sobre las políticas públicas, los presupuestos, así como los pactos educativo, eléctrico y fiscal, mandatados por la Constitución de la República y la Estrategia Nacional de Desarrollo (END2030), por lo que llamamos la atención del Gobierno para que garantice ese derecho.

En los últimos años se han implementado 14 grandes reformas tributarias orientadas a  incrementar los impuestos que afectan directamente a la clase trabajadora y los hogares de menores ingresos, procurando únicamente resolver problemas coyunturales de ingreso del Gobierno central.

Vemos con preocupación que el Gobierno central haya pospuesto el inicio de las discusiones con el sector social, mientras realiza paralelamente contactos y reuniones con sectores empresariales para establecer un acuerdo con el FMI y estructurar el presupuesto para el 2013, al margen de concertación de los pactos sociales institucionalmente establecidos en la END, los procedimientos que para ello impone la ley, la transparencia que dispone la Constitución de la República y los compromisos de participación hechos con la sociedad.

Por ello, las organizaciones sociales y laborales firmantes consideramos lo siguiente:

1º. El Gobierno debe propiciar la discusión y procurar un ambiente favorable al diálogo transparente y directo, para avanzar hacia la concertación de los pactos establecidos institucionalmente que busquen afrontar la crisis en desarrollo. A esto no se contribuye cuando se dialoga excluyendo o ignorando a otros, especialmente a los actores sociales y laborales. Además  debe tomar en cuenta que por primera vez todo el campo social (popular, laboral) y empresarial han arribado a una base de principios comunes sobre cómo abordar con el Gobierno central la construcción de un Pacto Fiscal.

2º. Resulta incuestionable la grave crisis económico-social e institucional que vivimos. Esta es producto de un modelo económico y social agotado, en el que los grupos poderosos y sectores dominantes han manipulado las políticas públicas favoreciendo el lucro sobre los derechos sociales ciudadanos. La concentración de las riquezas y oportunidades ha sido producto del aumento de los ingresos estatales con nuevos y más onerosos impuestos a la población. De nuevo se habla de la ampliación de la base impositiva, del aumento del ITBIS, la tarifa eléctrica y bienes y servicios. Sería funesto simplemente cargar con más impuestos a los(as), consumidores(as) de medianos y bajos ingresos y a la pequeña y mediana producción agropecuaria y las PYMES.

3º. Es un lamentable error que se maniobre posponiendo la consulta y la puesta en común con la sociedad, mientras se dan pasos para comprometerse con el FMI y decidir sobre el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Gastos del 2013, olvidando que las bases del Pacto Fiscal, discutido a iniciativa del Presidente Danilo Medina, han sido refrendadas oficialmente por el Consejo Económico y Social.

4º- El gobierno dominicano no debe proceder a establecer ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional -FMI-, al margen de la voluntad soberana de la nación porque  violenta lo establecido legalmente y no testimonia la voluntad de concertar las políticas públicas por parte del gobierno.

5º. Un acuerdo con el FMI, antes de establecer una política sobre ingresos y gastos, amarraría el presupuesto del 2013 y condenaría al pueblo a una mayor miseria. Se violarían los artículos 233, 234, 237, 238, 239 y 251 de la Constitución de la República, que ordena la participación social.

Por tanto, reclamamos participación activa, directa y transparente en la discusión del presupuesto de 2013. El país y todas sus fuerzas sociales y laborales esperan no ser entretenidas ni burladas como en procesos anteriores. El gobierno central debe proceder a informar, dar a conocer y entregar los documentos contentivos de sus planes y propuestas, para no potenciar la desconfianza presente en nuestra sociedad, marcada ya por la idea de que podría ser “más de lo mismo”.

Esta crisis fiscal, que las estimaciones sitúan en un déficit, a diciembre de este año, en más de 140 mil millones de pesos, nace del derroche de recursos para servir a los intereses de los grupos gobernantes de turno, del pago de favores políticos, de la duplicidad de funciones, de la impunidad y la corrupción, del abandono de  proyectos de inversión y de la poca efectividad y eficiencia en la gestión del gasto público orientado al desarrollo humano y productivo. Todo esto se materializa en la violación de la ley sin ningún régimen de consecuencias que lo sancione.

En virtud de todo lo expuesto las organizaciones firmantes exigimos:

a). Que el Gobierno exprese sus consideraciones sobre los ´´Principios del Pacto Fiscal´´, consensuados por los sectores sociales, laborales y empresariales a lo interno del CES y se advenga a una puesta en común inmediata para establecer las bases de la discusión de la propuesta de Pacto Fiscal.

b). Que el gobierno Central entregue, a favor de la transparencia que impone la Constitución de la República, toda la información fiscal, los contratos y acuerdos que suponen mecanismos y procedimientos que facilitan, permiten o garantizan fuentes de ingreso al Estado dominicano.

c). Que el Gobierno central defina y publique ´´la Política Presupuestaria Anual´´ que es el marco de referencia para formular las propuestas de presupuestos del Sector Público no Financiero, como establecen la Constitución de la República y  la Ley Orgánica de Presupuesto, y que el Poder Ejecutivo deberá presentar al Congreso el  1 de octubre.

d). Que el Gobierno central establezca canales participativos efectivos y transparentes, que eliminen la discriminación en las reuniones y consultas que viene realizando sobre el Presupuesto para el 2013, tal como lo indica la Constitución de la República en sus artículos 7, 8, 22, 39, 49 y 58.

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