18 Jun

Centros Sociales demandan reorientar el enfoque de la política migratoria

Los Centros Sociales de la Compañía de Jesús en República Dominicana quieren compartir con la opinión pública su posición acerca de las disposiciones tomadas por el Director General de Migración-DGM-, José Ricardo Taveras, con respecto a la política migratoria del Estado dominicano.

La obstinación de la actual Dirección en no consensuar iniciativas que ayuden a ordenar el flujo migratorio con un enfoque integral, coherente y participativo, resulta perjudicial para el conjunto de la sociedad dominicana. Es paradójico que esto ocurra en un año que ha sido declarado de fortalecimiento del estado social y democrático de derecho.

Somos conscientes de que los Estados modernos son soberanos para definir la política migratoria, pero ésta siempre debe responder al fortalecimiento del Estado de Derecho. Ninguna ley ni ningún reglamento pueden vulnerar los derechos protegidos constitucionalmente. La aplicación de las leyes migratorias debe ser razonable y justa, y no puede ir en desmedro de la institucionalidad democrática del país; incluyendo el reconocimiento y la participación de las organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos humanos y promueven la justicia social.

Lamentamos la orientación y el modelo de gestión político-administrativa que la DGM  ha asumido en el cumplimiento de sus funciones públicas. Entendemos que este  modelo de gestión desconoce el marco constitucional y la necesaria coordinación con otras instancias estatales y civiles implicadas en los asuntos migratorios. Por eso estamos a la espera de que todos los actores del Consejo Nacional de Migración se activen en el menor tiempo posible, para que la política migratoria no responda a un diseño unilateral, sino a procesos de diálogo multisectorial, transparentes y participativos de conformidad con el espíritu democrático de nuestra Constitución.

Si queremos una política migratoria razonable y justa deben evaluarse una serie de aspectos que sirvan de orientación institucional y ética:

a) No es coherente con el Estado de Derecho ni con el contexto de nuestros países la imposición de un proceso de regulación migratoria que no considera el perfil de la población migrante, que no toma en cuenta su condición humana, ni la complementariedad necesaria para el beneficio mutuo de los países.

b)  El diseño del Reglamento para la Aplicación de la Ley General de Migración se realizó en total hermetismo, sin tomar en cuenta los aportes y sugerencias de varios actores económicos y sociales relevantes, lo que no se corresponde con la transparencia y el principio democrático de la rendición de cuentas. Incluso, dicho reglamento no fue conocido ni discutido por el Consejo Nacional de Migración antes de ser promulgado, como lo ordena la Ley de Migración. Este acto constituye un ejemplo de mala práctica para la gobernanza y la gobernabilidad democrática del país.

c) Irrespetan los derechos humanos y el principio de jerarquía legal, las presiones realizadas al Ministerio de Educación para que no se permita el acceso a la educación a determinados estudiantes, en función de su estatus migratorio. Esto contradice el artículo 63 de la Constitución, el cual establece el derecho universal a la educación, para cuyo ejercicio no hay más limitaciones que “las derivadas de las aptitudes, vocación y aspiración de las personas.” Exhortamos al Ministerio de Educación a acogerse a lo que establece la Constitución de República y dejar sin efecto las pretensiones de esta comunicación por estar afectada de nulidad, conforme lo establece el artículo 6 de la Carta Magna.

Exhortamos a la DGM a cambiar su enfoque de política migratoria y coordinar una estrategia sostenible de regulación de la presencia de extranjeros/as. Además, es preciso que se diseñe e implemente el Plan de Regularización Extraordinario consignado en el artículo 151 de la ley General de Migración. Este plan debe hacer justicia a la migración histórica de los trabajadores migrantes haitianos, que por muchos años han generado riqueza para el país.

Esperamos que un cambio de orientación de la política migratoria sea una prioridad para las nuevas autoridades electas, pues consideramos que este tema está entre los asuntos que hay que corregir con urgencia.

Es preciso aclarar finalmente que nuestra posición deriva de principios evangélicos comprometidos con el derecho y la justicia, se inspira en la tradición ignaciana de “servir, acompañar y defender a los más vulnerables y excluidos, inspirados en la fe y la justicia”. Nuestra única satisfacción es ver reinar la justicia que Dios padre desea para todos sus hijos e hijas, independientemente de la nación que provengan.

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